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¿Puede la ley Argentina Digital empeorar las telecomunicaciones?

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El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital, que busca renovar las regulaciones al servicio de comunicación audiovisual y transporte de datos en el país.

La propuesta abre la puerta al triple play (que una misma empresa pueda ofrecer Internet, telefonía y televisión por cable), declara a las telecomunicaciones como un servicio universal y de interés público y desagrega al servicio con el bucle local.

Estos dos últimos puntos, advierte el consultor Enrique Carrier, podrían terminar repercutiendo sobre la calidad del servicio.

En un reciente informe, el titular de la consultora Carrier y Asociados previene que si las telecomunicaciones son declaradas como servicios públicos, el Estado podrá fijar las tarifas; la experiencia con otros servicios públicos, como la energía eléctrica, muestra que los gobiernos en Argentina tienden a fijar valores “políticos”, generalmente por debajo de los costos, lo que termina repercutiendo en la calidad de un servicio que debe estar en constante evolución.

El problema es que muchas empresas están preparando sus ofertas para la licitación de espectro 4G (cuarta generación), en base a una tarifa que puede no ser tal en el futuro, lo que atentaría contra la rentabilidad del proyecto.

El segundo punto es la desagregación, un tema complejo, pero que igualmente incidirá en el servicio. Se trata de la posibilidad de que las empresas que tengan redes propias la abran para el ingreso de competidores que, de otra forma, hubieran tenido que hacer inversiones inviables para poder ingresar al mercado. Si bien ya existe desde 2000, no fue reglamentada, y hoy tanto los operadores del mercado corporativo (Iplan, Level 3 y otros) como, en menor escala, los proveedores de triple play (Telecentro, Supercanal, etc.), operan con redes propias.

Carrier explica que aunque se les permita a operadores entrantes acceder a la última milla de las redes de telecomunicaciones, deberán de todos modos construir redes que lleguen hasta el usuario, lo que requiere de una inversión más que considerable y poco atractiva. Si se fija una tarifa política, podría incidir en la calidad del servicio, ya que podría quitar incentivo a mantener y actualizar la red.

“El de las telecomunicaciones es un negocio difícil de regular, porque por sus características de ser capital intensivo, siempre constituye un mercado oligopólico (cuando no monopólico). Así, fijarle tarifas arbitrariamente, puede tener un efecto no buscado que es la degradación de la calidad de la red y el servicio. Es mejor buscar la competencia de infraestructuras para que sea ésta la que actúe de límite a la suba de precios”, opina Carrier.

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